Siguiendo la senda que viene siendo habitual en la actuación de nuestro Gobierno últimamente, consistente en pretender resolver los innumerables problemas sanitarios, económicos y otros a que nos enfrentamos, mediante disposiciones legislativas, siempre improvisadas y sin pasar por las Cortes, en las que con escaso orden y falta de técnica legislativa se amontonan cuestiones fiscales, laborales, mercantiles, etc., en el BOE del pasado 29 de abril nos encontramos de improviso con el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la administración de justicia.

El citado cuerpo legislativo dedica a implementar medidas en materia concursal el cap. II, rotulado como Medidas concursales y societarias, compuesto por los arts. 8 a 18, ambos inclusive y la disp. trans 2ª, intitulada Previsiones en materia de concurso de acreedores. Las medidas adoptadas sobre la materia son las siguientes:

1.- Modificación del convenio concursal

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. Las mayorías exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que para la aceptación de la del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación. En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.

El juez dará traslado al concursado de las solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio que se presenten dentro de los 6 meses desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran 3 meses desde que finalice ese plazo. Durante esos 3 meses el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

Estas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.

2.- Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la liquidación

Durante un año desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones posteriores a la aprobación del convenio, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Durante ese mismo plazo, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.

En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los 2 años desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza concedidos al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que tengan la condición de especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir.

3.- Acuerdos de refinanciación

Durante de un año desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Durante los 6 meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes desde la finalización de dicho plazo. Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Si dentro de los 3 meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.

4.- Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores

Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Hasta igual fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley.

5.- Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor

En los concursos que se declaren dentro de los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios: (i) los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él; y (ii) aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.

6.- Impugnación del inventario y de la lista de acreedores

En los concursos en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los 2 años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa. Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten.

La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho público.

7.- Tramitación preferente

Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente determinadas actuaciones judiciales que la norma enumera.

8.- Enajenación de la masa activa

En los concursos que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Se exceptúa de lo anterior la enajenación del conjunto de la empresa o de unidades productivas.

Si el juez hubiera autorizado la realización directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.

9.- Aprobación del plan de liquidación

Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido 15 días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Cuando a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación presentado aún no estuviera de manifiesto en la oficina del juzgado, el Letrado de la administración de justicia así lo acordará de inmediato y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez para que proceda conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

10.- Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido 2 faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado.

11.- Suspensión de la causa de disolución por pérdidas

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de 2 meses a contar desde el cierre del ejercicio la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. Todo ello sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente RDL.

Régimen transitorio

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este RDL: (i) si se hubiera presentado alguna solicitud de concurso necesario, se aplicará la suspensión de la causa de disolución por pérdidas prevista en el RDL; y (ii) si algún deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio conforme a las disposiciones del RDL.

Si en la fecha de entrada en vigor del presente RDL algún acreedor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación o de declaración de incumplimiento de convenio, se aplicará lo dispuesto respecto de la modificación del convenio y el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la liquidación.

Como habrá observado el atento lector, la finalidad que guía al legislador, de una parte es la de evitar que se declare el concurso y la liquidación a cualquier coste, incluso el de sembrar nuestro ámbito económico de empresas insolventes, verdaderos muertos vivientes, que únicamente habrán de servir para asignar recursos escasos a finalidades inviables y crear dificultades a las empresas que si pueden funcionar y de otra, la de logar que los juzgados de lo mercantil puedan atender la avalancha de concursos que se les viene encima.

No creemos que esta sea la mejor manera de lograr la reactivación de nuestra economía, evitando que se depure de la misma lo que no funciona.