Criterio de atribución de competencia objetiva en el concurso consecutivo de persona física En el caso de concurso consecutivo de persona física, el criterio de atribución de competencia objetiva, viene regulado en el art. 85.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ) conforme al cual Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: 6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora. Y el art. 86 ter.1 de la misma LOPJ el cual establece que: Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley
reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En relación con el art. 45.2 b) de la LECiv conforme al cual: 2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados (de Primera Instancia): b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.
Del contenido de los preceptos reproducidos se desprende claramente que cuando el deudor persona natural ostente la consideración de empresario, la competencia corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil y, por el contrario, cuando sea no empresario, la competencia vendrá atribuida a los Juzgados de Primera Instancia.
Sin embargo, en la práctica judicial, la aplicación de los arts. 85.6 y
86 ter.1 de la LOPJ, a priori de meridiana claridad, no es unánime, sobre
todo, en lo que respecta a los Juzgados de Instancia en los concursos
consecutivos de persona natural no empresario. En efecto, abundan Juzgados de Instancia, que se centran para delimitar su competencia objetiva, en la naturaleza de los créditos que integran el pasivo del deudor, siguiendo de esta forma la línea
jurisprudencial asentada, entre otras Audiencias Provinciales (en adelante AP), por la de Madrid (Sección 28, de lo Mercantil), en su Auto núm. 135/2016, de 16 de septiembre de 2.016. En la citada resolución la Sala establece que, a pesar de que la
actual redacción del art. 85.6 de la LOPJ venga a atribuir el conocimiento
de los concursos de persona natural que no sea empresario, en los
términos previsto en su Ley Reguladora, a los Juzgados de Primera
Instancia, en los casos en los que una parte particularmente relevante del
pasivo concursal del deudor provenga de una actividad económica que
se llevó a cabo con anterioridad, existen razones que justifican que por
motivos de seguridad jurídica se deba flexibilizar la interpretación a
realizar sobre el mentado precepto, a fin de que en esos casos la
competencia venga atribuida a los Juzgados de lo Mercantil.
Sin embargo, de la exegesis y del tenor literal de los arts. 85.6 y 86
ter.1 de la LOPJ en relación con el art. 45.2 b) de la LECiv, se desprende
claramente que el legislador ha querido asentar un criterio subjetivo de
atribución de la competencia objetiva.
En este sentido, el Auto de la AP de Alicante, de 11 de noviembre
de 2016 se ha pronunciado sobre la interpretación del art. 85.6 de la
LOPJ, afirmándolo siguiente:
TERCERO. Concepto de persona natural empresario.-“La críptica fórmula
empleada por el legislador en la redacción del art. 85.6º LOPJ (los Juzgados
de Primera Instancia conocerán, en el orden civil, de los concursos de
persona natural que no sea empresario, en los términos previstos en su ley
reguladora) ha venido siendo interpretada (Auto de la Sección 28 de la AP
de Madrid, de 16 de septiembre del 2016; Auto de la AP de Murcia, de 28 de
julio del 2016) en el sentido de que el concepto útil de persona natural
empresario, a los efectos que nos ocupan, es el establecido en el art. 231.1,
párrafo segundo LC, que establece que “a los efectos de este Título se
considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que
tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos
que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los
efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores
autónomos”.
Consideramos correcta dicha interpretación, fundamentalmente porque
recoge un concepto amplio de empresario, porque stricto sensu no existe
una ley reguladora del empresario persona natural y porque es una noción
prevista en la propia LC, aun para el acuerdo extrajudicial de pagos, que,
como se ha dicho, será antecedente del concurso en bastantes ocasiones.
En el caso que nos ocupa, reiteramos, tanto en el momento de presentación
de la solicitud de designación de mediador concursal como en el de la
solicitud de declaración de concurso por parte de dicho mediador, la

solicitante (arquitecto técnico adscrita al Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante) estaba dada
de alta en el Régimen Especial de trabajadores autónomos de la Seguridad
Social, acompañándose documentación acreditativa de estar dada de alta en
el censo de profesionales y en el citado Régimen Especial.
No hay, pues, duda alguna de su condición de persona natural empresario al
tenor del mencionado art. 231.1 párrafo segundo LC, por lo que la
competencia para conocer de la solicitud de declaración de concurso ha de
corresponder al Juzgado de lo Mercantil que ha dictado el auto declarándose
incompetente. Revocaremos, pues, el auto apelado.
Así pues, la LOPJ ha optado, exclusivamente, por un criterio
subjetivo para la atribución competencial de los concursos de persona
natural: la condición de empresario del solicitante, de modo que han de
corresponder a los Juzgados de lo Mercantil los concursos de quienes la
tengan.
El concepto de empresario se explicita en el art. 231.1.II de la LC al
señalar que:
A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas
naturales no solamente aquellos que tuvieran tal condición de acuerdo con la
legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades profesionales o
tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad
Social, así como los trabajadores autónomos.