El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal(en adelante TRLC), indica en su art. 491, que el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho no se extenderá a los créditos de derecho público.

Tras la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de esta norma, podríamos entender que la posibilidad de que los efectos de la exoneración del pasivo insatisfecho se proyecte sobre los créditos de derecho público, conforme reconocía la STS 381/2019, de 2 de julio (ECLI:ES:TS:2019:2253), había quedado suprimida. Sin embargo, como veremos a continuación, podría no ser así.

En el Auto dictado en el procedimiento 507/2018, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona acuerda la conclusión del concurso del deudor, cesando todos los efectos de la declaración del concurso, y reconociéndole el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

En cuanto a los créditos de derecho público el Magistrado resuelve que ha de seguir estándose al criterio mantenido por el TS en la sentencia de 2 de julio de 2019 en la que, se considera que se debe incluir al crédito público en el sistema de exoneración, tanto general como especial (en la terminología del vigente TR). Ello supone en este caso la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa en el plan de pagos y la exoneración provisional del restante crédito público.

La entrada en vigor del TRLC, con la modificación del régimen de extensión de los efectos de la exoneración en el art. 491 de la LC, no debe suponer una modificación de la anterior doctrina jurisprudencial, al apreciar el juzgador que el citado art. 491 debe ser inaplicado por vulnerar el art. 82.5 de la Constitución Española, esto es, por haber ido el Gobierno más allá de lo que le autorizaba la ley delegante o, en el caso concreto que nos ocupa, por haber reproducido el Gobierno la redacción del art. 178.bis.5.1º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal olvidando, o rechazando, la interpretación que de este precepto había realizado el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de julio. El magistrado parece entender que el Gobierno bajo el amparo de refundir textos legales está creando derecho, lo que supone ir más lejos de lo que autoriza la ley de delegación



Tesis que mantiene sin haber planteado una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional(art. 163 CE). El Magistrado, motiva su competencia para controlar los excesos de la delegación legislativa achacable a los decretos legislativos y lo hace de la siguiente forma: Esta vulneración se deriva del hecho de que el Texto Refundido introduce en el art. 491 una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, en concreto el art. 178 bis 3, 4º, lo que supone un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad (por todas STC de 28/7/2016 o STS de 29/11/18), inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición.

El control por la jurisdicción ordinaria de los Decretos Legislativos es algo sobre lo que se ha pronunciado la doctrina señalando que resulta indiscutible la posibilidad de revisión jurisdiccional del ultra vires de los Decretos Legislativos, pues, en tal caso, los preceptos que hayan incurrido en exceso no tienen naturaleza de Ley, ya que el contenido de la norma delegada no queda cubierto por la ley de delegación y el Decreto no puede darse a sí mismo un rango que no le corresponde. Incluso el Tribunal Constitucional ha llegado a rechazar la admisión de una cuestión de inconstitucionalidad contra un Decreto Legislativo por entender que el exceso sobre la delegación era materia controlable por la jurisdicción ordinaria y no por el Tribunal Constitucional (ATC 69/1983, de 17 de febrero). El control de los excesos de la delegación legislativa corresponde no sólo al Tribunal Constitucional, sino también a la jurisdicción ordinaria por ello, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional reflejada entre otras en: SSTC 47/1984, de 4 de abril; 61/1997, de 20 de marzo; 159/2001, de 5 de julio; 205/1993, de 17 de junio; 51/2004, de 5 de julio; STC 166/2007, de 4 de julio; y 118/2016, de 28 de julio la motivación del Auto que comentamos, en cuanto a su competencia, entendemos que es correcta.

La inaplicación del art. 491 supone que el TR mantenga, en lo que se refiere al régimen especial, la misma dicción literal en el art. 497, aunque con diferente sistemática, que los arts. 178 bis 5 y 6 de la LC, que fueron interpretados por la STS de 2 de julio de 2019, en el sentido que se ha expuesto. Ello supone, por tanto, que el art. 497, que regula la extensión de la exoneración en el régimen especial, continúe siendo interpretado de la manera que recoge la STS de 2 de julio de 2019.

Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC(actual art. 280 TRLC) , el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración.

Conclusión: Tras la entrada en vigor del TRLC sigue siendo posible exonerar parte de las deudas de derecho público en el concurso de acreedores.

Si la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas, si excluimos a las de derecho público, en muchos casos la previsión normativa devendría prácticamente inaplicable y no se cumplirá la finalidad para la que fue creado que es la de recuperar al deudor.

Jose Luis Diaz-Echegaray Lopez